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imagen: emol
Argentina.

Cristina Fernández de Kirchner es sobreseída en causa judicial sobre corrupción.

Durante su presidencia fue vinculada con un empresario cercano a su familia que fue condenado a 10 años de cárcel por lavado de dinero, ilícito que fue cometido mediante la adjudicación de contratos de obra pública. La decisión fue tomada a solicitud del fiscal y las querellantes debido a la falta de pruebas.

11 de junio de 2023

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue sobreseída en la causa denominada “ruta del dinero K”, tras 10 años de pesquisas por su presunta participación en actos de corrupción. El juez del caso tomó esta decisión a solicitud de la fiscalía y las querellantes.

En el marco de esta causa fue acusada de estar implicada en operaciones de lavado de dinero junto al empresario Lázaro Báez, hombre que mantuvo una relación cercana con la familia Kirchner. En 2021 fue condenado a 10 años de cárcel por estos ilícitos, que fueron cometidos a través de la adjudicación de contratos de obra pública.

Las investigaciones sobre “la ruta del dinero K” comenzaron en 2013, cuando Fernández aún era presidenta de Argentina. No obstante, la causa tomó impulso cuando un canal de televisión difundió unos videos que mostraban al hijo de Báez dirigiéndose a un banco para retirar grandes cantidades de dinero, después de que el fiscal del caso ordenara un allanamiento. Ello motivó la realización de grandes operativos para intentar dar con el dinero presuntamente oculto, en los que incluso se utilizó maquinaria pesada.

Tras años de investigación el fiscal Guillermo Marijuan, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitaron al tribunal el sobreseimiento de Fernández por falta de pruebas incriminatorias. De esta forma, el caso ha quedado archivado definitivamente.

“Frente a la solicitud del acusador y titular de la acción penal de sobreseer -acompañada por el resto de las agencias estatales-, la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición, que en el presente caso se hayan satisfechos, toda vez que la fiscalía ha arribado a una de las soluciones previstas en el ordenamiento legal a través de un razonamiento lógico derivado del examen de las constancias que obran en el expediente”, señaló Sebastián Casanello, juez de la causa.

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