La Corte de Apelaciones de Santiago desestimó el reclamo de ilegalidad interpuesto en contra de la resolución, dictada por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), que le aplicó una multa a proveedora de televisión de pago por exhibir película para mayores de 18 años en horario de protección.

El fallo señala que, la normativa en cuestión satisface el requerimiento que el reclamante echa en falta, pues contiene la descripción del núcleo esencial de la conducta, que se traduce, por regla general, en conceptos jurídicos indeterminados, que atendiendo su naturaleza y necesidad de adecuación a los tiempos sociales, se presentan como cambiantes y maleables, de manera que toca al intérprete rellenarlos de contenido; ello con la finalidad de que puedan adaptarse a las conceptualizaciones que las sociedades entienden relevantes en cada época.

La resolución agrega que, al no existir discusión sobre el contenido de la película exhibida así como que no obstante estar catalogada apta para mayores de 18 años su trasmisión se produjo en horario protegido para NNA, no cabe sino concluir que ha existido una vulneración a la ‘formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud’ si se atiende a la descripción de las distintas secuencias de la cinta que realiza la sentencia apelada, y que permite concluir que la reclamante con la aludida trasmisión, pasa por alto que está obligada a respetar los intereses que el propio constituyente pone en un nivel superior y que incluso permite aplicar restricciones a derechos fundamentales, como lo es el respeto irrestricto a los derechos de NNA, y que se vulneran mediante la exhibición en un horario protegido, de material que involucra escenas de violencia y sufrimiento explícito y que por lo mismo tiene una calificación restringida en el horario.

Por esta razón, afirma, la intencionalidad de su emisor resulta irrelevante, pues su actuar no condice con los parámetros que la normativa a la que se hizo alusión impone, sino que por el contrario, las imágenes y el relato devienen en un espectáculo que no puede sino producir en los espectadores ubicados en un rango etario inferior al límite de clasificación del Consejo de Calificación Cinematográfica, un riesgo en la formación de su sano desarrollo espiritual y afectivo, considerando que su protección debe constituir una finalidad primordial de aquellos que ejercen funciones públicas o que administran recursos con una función social. Sin embargo, antes por el contrario, en la conducta sancionada se evidencia la potencial conculcación de los derechos a la integridad física y psíquica de los NNA y su natural desenvolvimiento, sin que resulte relevante la circunstancia de que debían encontrarse acompañados por adultos al visualizar las imágenes o que la incidencia numérica es escasa, pues objetivamente la entidad comunicacional contravino las prohibiciones que pesaban sobre ella tanto a nivel legal como reglamentario.

Añade que, esta Corte ha razonado que en la normativa internacional e incluso por el mismo Consejo Nacional de Televisión, el estándar de protección general aplicable en el ejercicio del derecho a emitir opinión e informar cuando se encuentran involucrados niños, para así resguardar sus derechos fundamentales, en los términos en que estos son consagrados por la Convención sobre los Derechos del Niño y que en el mismo sentido, cualquier exhibición por medios de difusión pública, debe ser siempre en aras del interés superior del menor para efectos de garantizar su bienestar físico y psíquico; siendo deber de la sociedad y del Estado proteger y resguardar adecuadamente dichos derechos. (Roles 575-2018, 313- 2019, 374- 2020, entre otros).

La resolución dice que, el artículo 3 N° 1 de la Convención sobre Derechos del Niño, señala ‘en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño’. Norma que consagra el deber de los Estados y de todas las instituciones de velar por el interés superior del niño, que debe entenderse como la mayor realización espiritual y material de los niños, niñas y adolescentes y el respeto a sus derechos fundamentales. Teniendo como parámetro mínimo los derechos garantizados por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución Política del Estado. En el presente caso, la protección de su integridad psíquica y poder desarrollarse espiritual y materialmente.

En el mismo sentido, el artículo 17 letra e), de la misma convención, prescribe que los Estados ‘promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18’

Para el tribunal de alzada, en este mismo orden de consideraciones, la intencionalidad (dolo o culpa) que se reclama como ausente resulta irrelevante, desde que lo que se proscribe es la exhibición de una película catalogada para adultos –mayores de 18 años– en horario de restricción, lo que como se ha visto no se ha respetado en la especie.

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A lo dicho agrega que la potestad administrativa la ejerce el recurrido respecto de los servicios de televisión y estos deben ajustar su acción a los valores que el artículo 1° de la Ley 18.834 establece, de manera que la vulneración se entiende consumada por el solo hecho de incurrir en la conducta proscrita, pues esa es la única interpretación que permite el resguardo de los intereses involucrados en la normativa.

Por otra parte, plantea también, no puede pretender la permisionaria esgrimir un cercenamiento de su derecho a informar garantizado constitucionalmente o una intervención en la libertad para entregarla o en su línea editorial por parte del Consejo Nacional de Televisión, atendido que no se trata aquí de una limitación a alguno de sus derechos, sino que la aplicación de una sanción por el ejercicio de ese derecho apartado de la normativa que lo rige, es decir, la reprensión se originó en el ejercicio abusivo de sus libertades, pues no puede pretender asilar el ejercicio de sus garantías constitucionales apartadas del derecho, pues aquellos que le asisten, no son absolutos”.

Vea sentencia Rol Nº328-2023.