Autoridades no garantizaron el derecho a la consulta previa de una comunidad indígena supuestamente afectada por partículas de carbón, resuelve la Corte Constitucional de Colombia.

La Corte Constitucional de Colombia acogió la acción de tutela deducida por una comunidad indígena que se vio perjudicada por la actividad de una empresa portuaria que operaba en el área de sus asentamientos. Amparó el derecho a la consulta previa de los solicitantes al estimar que se había vulnerado su derecho a la participación con un enfóque étnico cultural.

Según los hechos narrados, la comunidad indígena Zenú accionó vía amparo contra una empresa que operaba en su territorio ancestral, al estimar que se vulneró su derecho a la consulta previa por no permitirles participar en un proceso de diálogo para pronunciarse sobre el impacto negativo que la actividad de la empresa estaba provocando en sus actividades cotidianas, como la pesca y la siembra, que eran esenciales para su supervivencia.

En particular, acusaron que el acopio de carbón en las instalaciones de la compañía estaba expulsando partículas contaminantes hacia el área circundante, lo cual era perjudicial para la comunidad. Su pretensión fue desestimada en primera y segunda instancia. Las judicaturas dictaminaron la improcedencia de la acción al considerar que la comunidad contaba con otro medio para determinar la procedencia de la consulta previa y garantizar su derecho a la participación. En concreto, el procedimiento que estaba desarrollándose ante el Ministerio del Interior. Estas decisiones fueron impugnadas en sede constitucional.