Autoridades deben fundar debidamente sus decisiones al pronunciarse sobre solicitudes de traslado laboral, con observancia del deber de motivación, resuelve la Corte Constitucional de Colombia.

La Corte Constitucional de Colombia acogió la acción de tutela deducida por un efectivo militar, cuya solicitud de traslado fue denegada por sus superiores sin mediar justificación alguna. Amparó el derecho a la unidad familiar del accionante, señalando que las autoridades tienen el deber de fundar sus decisiones relativas a los traslados para que estén debidamente motivadas.

El accionante, un suboficial del ejército colombiano, solicitó su traslado a una unidad cercana para acompañar a su hijo de nueve años y garantizar la unidad familiar, luego que el menor fuera diagnosticado con autismo, síndrome de Asperger, trastorno de la conducta y déficit atencional. No obstante, su solicitud fue denegada por su superior jerárquico que mantuvo en secreto el detalle de la decisión, aduciendo secreto profesional.

Ante esta negativa, interpuso una acción de tutela en sede judicial que fue rechazada en instancia. El juez fundó su decisión en una infracción al requisito de subsidiariedad, señalando que la vía ordinaria era la más adecuada. Asimismo, consideró que el traslado no fue arbitrario, puesto que anteriormente había estado asignado a una unidad más cercana a su familia, ya que las condiciones de trabajo no se habían desmejorado, y que ya conocía con antelación el diagnóstico médico del menor. El militar impugnó este fallo en sede constitucional.