Corte Constitucional de Colombia delimita las facultades disciplinarias que los partidos políticos poseen sobre sus parlamentarios.

La Corte Constitucional de Colombia determinó que los partidos políticos tienen la autoridad para aplicar sanciones disciplinarias a los parlamentarios que integran sus bancadas en las corporaciones públicas. En este sentido, subraya que esta competencia implica una función sancionatoria de carácter público, ya que incide directamente en el ejercicio de cargos de elección popular. Para ello deberán hacer observancia de las normas del debido proceso.

El caso versa sobre un diputado de asamblea que presentó una solicitud de tutela, alegando una violación de sus derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegido, en relación con la representación política efectiva, luego que su partido político lo sancionara con la pérdida de los derechos de voz y voto por una presunta doble militancia, aplicando para ello un procedimiento previsto para las faltas éticas e imponiendo una sanción propia del régimen de bancada en forma improcedente. Estaba pendiente la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la impugnación y solicitud de suspensión como medida previa solicitada en sus estrados.

Por lo anterior, accionó contra su partido sin éxito pues su pretensión fue rechazada en primera instancia. Sin embargo, fue acogida en segunda instancia, y se le concedió de manera transitoria el amparo de sus derechos fundamentales. El fallo dejó sin efectos la sanción impuesta hasta que el CNE resolviera de manera definitiva la impugnación presentada por el accionante. Paralelamente accionó en sede constitucional, alegando una vulneración de los referidos derechos.