Autoridades de control de los Estados miembros de la UE pueden eliminar de oficio los datos personales recabados ilegalmente, resuelve el TJUE.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó, en el marco de una cuestión prejudicial, que las autoridades de control de los Estados miembros están facultadas para suprimir, de oficio, los datos personales recabados ilícitamente, sin que para ello sea necesaria la autorización del titular afectado. Puede tener por objeto tanto los datos obtenidos de esa persona como los procedentes de otra fuente.

En 2020, un municipio húngaro tomó la decisión de proporcionar asistencia financiera a personas en situación de vulnerabilidad debido a la pandemia del Covid-19. Para ello, solicitó antecedentes de los presuntos beneficiarios a las autoridades de gobierno para verificar los criterios de elegibilidad.

Sin embargo, tras recibir una denuncia, la entidad húngara encargada de la protección de datos resolvió que las autoridades implicadas en el traspaso de la información infringieron disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Ello, pues el municipio no informó a los interesados sobre el uso de sus datos, la finalidad de su procesamiento ni sobre sus derechos en esta materia. Se le ordenó que eliminara los datos de personas que podían optar a la ayuda, pero que no la habían solicitado.