La potestad invalidatoria de la administración del Estado. Una revisión de sus principales aspectos y características.

El proyecto en cuestión contempla un análisis sistematizado del ejercicio de la potestad invalidatoria por parte de la Administración Pública, desde la entrada en vigencia de la institución denominada “Invalidación”, cuyo reconocimiento legal, viene dado por la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, la que bajo el título *“Revisión de los actos administrativos”,consagra en su artículo 53° y siguientes, a la invalidación, como una forma anormal de poner término a los actos administrativos, indicando lo siguiente: “La autoridad administrativa podrá de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho…”*No obstante, y pese a contemplar un procedimiento especial para su declaración y efectos correspondientes, ha resultado incompleto y contradictorio, en cuanto al órgano que debe proceder a su dictación, audiencia al interesado, contravención al ordenamiento jurídico, y las consecuencias que puedan afectar a terceros que, adquirieron derechos de buena fe al amparo de las mismas.

Con todo, resulta prudente formular las siguientes interrogantes: ¿Ha resultado esta especie de autotutela o autodefensa administrativa, una institución eficiente para salvaguardar el ordenamiento jurídico ante actos administrativos contrarios a derecho? ¿Quién es el órgano competente para proceder a su dictación? ¿Es prudente la ponderación que el órgano administrativo realiza de su propia actuación?

Con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº 19.880, LBPA [1], no existía un cuerpo normativo que reconociera y regulara la citada institución, como medio anómalo de terminación de los actos administrativos. No obstante lo anterior, no fueron pocos los esfuerzos jurisprudenciales de la Controlaría General de la República para su reconocimiento y correcta aplicación por parte la Administración Pública, como medio de control de sus propios actos.