Es por ello que merece mayor reproche penal quien maneja un vehículo en estado de ebriedad sin haber obtenido licencia de conducir, aumentándosele la pena en un grado.
El tribunal ha fijado la pena concreta dentro de los límites del grado al que llegó, por la concurrencia de la atenuante de responsabilidad penal y tras haber justificado el quantum específico en la mayor extensión del mal causado.
Confirma pena de doce años de presidio mayor en su grado medio a ex funcionario de salud del Hospital Dr. Juan Monroy que sustrajo el monto de $1.448.262.661.-
Se ha alterado y quebrantando la ritualidad y continuidad del juicio, teniendo presente que la decisión de absolución constituye una actuación jurídico procesal que debe materializarse en la oportunidad prevista en el artículo 343 del CPP.
El artículo 295 del CPP no exige número ni tipo de prueba determinado como tampoco limita los tipos de medios de prueba a presentar y menos restringe los hechos sobre los cuales puede referirse.
Lo que la Corte debe dilucidar consiste únicamente la forma en que la sentencia cuestionada apreció la prueba y no el mérito de la misma, pues este último examen, es propio de una apelación.
Se trata de una sanción principal que cuenta con una regulación específica, dada por la norma del artículo 196 de la Ley 18.290 que, no considera rebaja.
La presencia de los principios activos de la sustancia de rigor es suficiente para calificarla como aquellas que constituyen el objeto material del delito de tráfico ilícito de drogas.
La situación planteada encuadra precisamente en la hipótesis descrita por el artículo 7 del Código Penal, por lo que debe sancionarse con una pena inmediatamente inferior en un grado.
La ley castiga una conducta que realmente genere un riesgo para la salud pública, por lo que no sanciona simplemente la infracción formal a las reglas de salubridad que el MINSAL hubiere publicado.
