El recurso señala que el Servicio Electoral erra gravemente al equiparar una notificación defectuosa con el emplazamiento necesario para sancionar al Partido Radical.
En el recurso de apelación se alega que la resolución impugnada ésta permite continuar la tramitación del procedimiento de remoción sin que la reclamante haya cumplido el requisito señalado en el artículo 17 N° 3 de la Ley N° 18.593.
Se ha producido, en la especie, un conflicto constitucional entre el derecho al sufragio y el derecho a la salud, tiene la certeza que el Servicio Electoral ni la Justicia Electoral están dotados de competencia para obviar las normas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud, que tiene a su cargo la rectoría del sector salud del país.
La sentencia señala que las normas que disponen el aislamiento de los electores habilitados infectados con COVID-19 a desplazarse para acercarse a sus respectivas mesas receptoras de sufragios, no es la Ley N° 21.257.
Estar contagiado por Covid-19, no ha sido fijado por el constituyente como causal de pérdida o suspensión del derecho a sufragio.
En específico, se impugna una resolución que modificó la sentencia anulatoria, en lo relativo a la integración de la Directiva provisoria de la organización.
La medida es parte de una reciente reforma constitucional y establece un plazo de tres días para la inscripción de quienes deseen recibir aportes y efectuar propaganda electoral.
Reclamantes sostienen que cumplen ciertos elementos específicos de la figura «notable abandono de deberes».
El Tribunal señala que varias disposiciones del ámbito electoral contenidas en el Reglamento de Administración de la Federación, no concuerdan con lo dispuesto en la Ley del Deporte.
El Tribunal Electoral señaló que se encuentra impedido de emitir pronunciamiento respecto de materias que puedan eventualmente ser sometidas a su conocimiento.
