En cuanto a los vicios de la elección, la reclamación señala que ésta no se realizó de forma legal, que ha sido coartada su libertad de sufragio y, que se ha afectado la democracia y la participación ciudadana.
La elección ha infringido la mayoría de las normas de sus estatutos, y ello, ha influido en el resultado producido, que arroja que la menguada participación, atendido el universo de socios, se traduzca en que los electores actuales elijan una directiva no representativa.
Los recurrentes señalaron que denuncian el intento de fraude procesal de la contraparte, ya que, uno de los reclamantes no sería parte de la organización reclamada y que no ha manifestado su decisión de seguir en la organización deportiva.
Respecto de la prescripción de cobro de honorarios, manifestó que resulta inapropiado lo indicado por los requirentes, en orden a que la incidencia promovida sea conocida por el Tricel, en atención a que por la naturaleza de la materia en cuestión ello escapa a las facultades privativas que detenta dicho tribunal.
La acción alega que las certificaciones que realiza quien ocupa el cargo de Sub Director precisamente de Partidos Políticos, y quien tiene a su cargo el Archivo de los Registros Generales de Afiliados, están dotadas o les asiste, prima facie, el denominado Principio de Veracidad.
La solicitud señala que el candidato, a la fecha de las primarias, aún era socio, consejero y miembro del Directorio del Club Deportes Iquique.
Los reclamantes alegaron que el proceso careció de las facilidades y prestaciones que sí existieron en los procesos anteriores, por ejemplo, no se dispuso de servicio de movilización de acercamiento por parte del Estado.
Según señala el reclamante, la Asociación habría elegido 5 directores, cuando en realidad, sólo se encuentra legalmente habilitada para seleccionar 3 directores en razón del quorum de sus afiliados.
El recurso arguye que Gendarmería de Chile, como servicio público centralizado, tiene legitimidad activa, pues se trata de un organismo estatal que goza de capacidad procesal en razón de la facultad para administrar los bienes y recursos de la institución, velando por su buen uso y su conservación.
Tuvo por acreditado el abandono de deberes y las faltas graves a la probidad, en relación a los 17 cargos formulados por un grupo de Concejales en contra.
