“En caso que por cualquier motivo sea necesario cambiar la ubicación de estas instalaciones del lugar en que fueron autorizadas, este traslado será hecho por cuenta exclusiva del respectivo propietario o en las condiciones que se hayan fijado al otorgar el permiso o contrato de concesión respectivo”.

Se trata, prosigue el fallo, de una atribución de índole no jurisdiccional, condicionada a la aprobación del tribunal competente, previa verificación de los requisitos aludidos, y se agrega que el procedimiento abreviado es un procedimiento excepcional que no constituye, bajo ningún parámetro, un derecho del imputado, derecho que radica en la opción del juicio oral, público y contradictorio.

El actor estima inconstitucional la aplicación a su respecto del apremio de arresto nocturno por el atraso en el pago de una cuota, a título de compensación económica, motivo por el cual solicito declarar inaplicable el citado precepto legal que, en su inciso segundo, asimila dicha cuota a los alimentos, “para el efecto de su cumplimiento”.

La gestión pendiente en que el requerimiento incide, es una causa en que se solicita la remoción en el cargo de concejal que el requirente sirve en la Municipalidad de Quemchi tramitada ante el Tribunal Regional Electoral de la Región de Los Lagos, la que fue iniciada por otros concejales de la misma comuna, quienes estiman que el actor debe cesar en ese cargo por ser incompatible con el de paramédico que desempeña en esa misma Corporación edilicia.

La gestión pendiente invocada es un juicio penal seguido ante un Juzgado de Garantía de Antofagasta –que se encuentra en su etapa intermedia- mediante el cual se pretende hacer efectiva la responsabilidad penal por el delito de desacato en contra del Alcalde de la Municipalidad de Sierra Gorda, ya que éste incumplió una orden de no innovar decretada por la Corte de Apelaciones de dicha ciudad.

El fallo reitera que la inaplicabilidad no es una vía procesal idónea para impugnar resoluciones judiciales de tribunales ordinarios o especiales con la finalidad de revocar, enmendar, revisar, casar o anular éstas; ya que la guarda del imperio de la ley en el conocimiento, juzgamiento y ejecución de lo juzgado en general y de la sustanciación en particular de las causas civiles y criminales corresponde exclusivamente a los tribunales creados por ley a través de las vías procesales previstas en las leyes de enjuiciamiento.

«no basta, como ocurre en el requerimiento, con que se afirme que la aplicación de las reglas de procedimiento establecidas por el artículo 1º de la Ley Nº 20.030 afectan el derecho a la defensa, y se omita exponer en el mismo libelo, de la manera es que exigido, la forma en que aquella normativa legal, en su aplicación concreta al juicio de reclamación de paternidad que se sigue en su contra, podría producir un efecto contrario al aludido derecho».

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, los artículos 4º y 292 del Código del Trabajo y el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. La primera de las normas impugnadas establece una presunción de derecho referida a quienes representan al empleador y lo obligan con los trabajadores. Mientras que la segunda dispone que: “En caso […]

La gestión pendiente invocada es un recurso de protección que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago deducido en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública, y la Dirección del Trabajo, mediante el cual se pretende dejar sin efecto el acto administrativo que determinó que la actora no cumplía con los requisitos para ser incorporada en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración participar en una licitación.

La gestión pendiente invocada es un juicio ejecutivo seguido ante un Juzgado Civil de Santiago, mediante el cual el SENAME pretende el cobro de la participación en el producto de la venta de un inmueble enajenado por la “Fundación Mi Casa”.