Durante la audiencia, el Tribunal hizo el llamado a conciliación, a lo que ambas partes accedieron y luego de escuchar las bases propuestas, aceptaron someterse al proceso de conciliación por medio de un acuerdo que debe elaborarse dentro del plazo de 45 días.

La Municipalidad de Saavedra, afirma haber sorprendido al demandado descargando material de escombros, como piezas rotas de concreto, tierra arcillosa, entre otros, en un terreno que correspondería al denominado humedal “Budi Chico”, en Puerto Saavedra.

Para los reclamantes, la información relevante y esencial para la evaluación del proyecto estaría vinculada a la alteración significativa de: los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos, en particular, sobre los pueblos indígenas del territorio; valor paisajístico o turístico de una zona; valor arqueológico; posible afectación del bosque nativo; impacto sobre la disponibilidad y calidad del agua, entre otros.

El Tercer Tribunal Ambiental escuchó los alegatos de la parte reclamante y del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en representación de la COEVA de la Región de La Araucanía.

El proyecto fue presentado como uno agrícola en lugar de un proyecto habitacional, emplazado en un área de preservación ecológica.

En la dictación del fallo no se dio cumplimiento a las normas que gobiernan la invalidación en sede ambiental, así como a las disposiciones que regulan el derecho a reclamar la intervención de tribunales especiales en dicha materia.

Las demandadas sostuvieron que las medidas cautelares no se justificarían, y que en su demanda el Consejo de Defensa del Estado (CDE) estaría discriminando a ambas empresas, persiguiéndolas por un fenómeno de subdivisión predial que se presenta a nivel nacional.

La demandante sostuvo que la pérdida de miles de abejas pecoreadoras de las 187 colmenas afectadas constituye una pérdida significativa de un componente ambiental, pues la especie Apis mellifera presta servicios ecosistémicos fundamentales, como la polinización de especies agrícolas y naturales.

La detención parcial del funcionamiento de las instalaciones se hará efectiva por solicitud de la SMA.

El órgano especializado reanudó la audiencia, suspendida por el impacto de la pandemia, en virtud de la Ley N° 21.226