la víctima se fue deteriorando y cayendo en una condición mental que no le permitió comprender el sentido de los actos jurídicos en los que participaba ni el alcance de los documentos legales que el acusado Ergas firmaba en su representación, condición causada por un deterioro cognitivo y físico que afectaba su capacidad de comprensión y que limitaba su libertad de decisión y de acción, circunstancias todas conocidas por el imputado Ergas

Un 31 de julio de 1876, en dependencias del que fuera el Palacio de la Real Audiencia, que en dicho tiempo era sede de esta Corte y que actualmente aloja al Museo Chileno de Arte Precolombino, rendía su examen final y prestaba juramento ante los Ministros de ese tribunal, el marino, Capitán de Corbeta y, en ese momento, Segundo Comandante de la Esmeralda, señor Arturo Prat Chacón.

El letrado objeta -entre otros- el artículo 50 del Código Adjetivo, asilándose en la Convención de la ONU contra la corrupción, tratado internacional ratificado por Chile y que se encuentra vigente, que prohíbe la condena en costas contra el abogado querellante y la víctima que denuncien delitos de corrupción, como en la especie, la prevaricación de los funcionarios de tribunales civiles.

No obstante, el Tribunal Supremo de España rebajó el monto a indemnizar, en cuanto se deben descontar sus honorarios como abogado.

El mismo abogado que representaba al recurrente, patrocinaba a otros coimputados en el mismo juicio, por ende, los hechos y antecedentes de la causa no le eran desconocidos, argumentó el máximo Tribunal.

Se presentó la grabación de una conversación en la que el abogado negaba a su cliente haber recibido los mandamientos de devolución que el Juzgado ya proclamaba entregados. Todo lo cual muestra que el relato del recurrente es contrario a la realidad y que sólo él (y no su cliente) pudo abordar el cobro de los títulos de pago.

El demandado no rindió ninguna prueba que acredite la veracidad de sus afirmaciones. Profirió dichos injuriosos en contra de la actora, insertó su imagen en los registros audiovisuales e incluso la involucró en una supuesta trama de encubrimiento a políticos pederastas.

La asistencia jurídica de los letrados es necesaria para asegurar la calidad y eficacia de la acción judicial, y para garantizar la igualdad en el acceso a la justicia de los sectores menos favorecidos. La tutela judicial efectiva no es un derecho absoluto.

El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar y estableció el actuar ilegal y arbitrario del ente persecutor “puesto que la referida ausencia de motivos que justifiquen la decisión allí contenida, demuestra que ha obedecido al mero capricho de la autoridad que la expidió”.

Tal situación no beneficia al condenado en costas, eximiéndole de responsabilidad por la labor jurídica desempeñada.