El acuerdo, que fue alcanzado tras una década de disputas, acelera los procedimientos de tramitación de solicitudes de asilo y permite a los migrantes contar con traductores y asistencia jurídica. También introduce un componente de solidaridad que confiere a los Estados miembros dos opciones ante la llegada de migrantes: acogerlos o pagar 20.000 euros por migrante para sufragar los gastos de los controles fronterizos obligatorios.