La iniciativa volvió a la Comisión de Salud de la Cámara para que emita un segundo informe, a raíz de una indicación presentada por la Diputada María Luisa Cordero, que busca ampliar dicho día también a la esclerosis lateral amiotrófica y a otras enfermedades desmielinizantes.
La iniciativa modifica el Código Orgánico de Tribunales con el fin de que los Notarios, en el ejercicio de los actos de su ministerio, no puedan cobrar valores superiores a los aranceles máximos fijados por la autoridad competente.
Se incluye en la Ley N°19.886 un criterio que promueva el desarrollo de los pequeños y medianos productores locales, otorgándoles mayores puntajes a aquellas empresas proveedoras de productos alimenticios o servicios de alimentación que tengan su origen en dichos productores.
En el caso de que no exista una persona que cumpla con dicha calidad, el cargo debería quedar vacante, y sus funciones y atribuciones ser asumidas por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
En consideración a la posibilidad de fuga que dichos vehículos permiten al delincuente, no se trata solo de un medio comisivo, sino también de una manera de proveerse impunidad que debe ser castigada con mayor rigor.
El veto presidencial fue rechazado por la Cámara con 61 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones, principalmente con votos de rechazo de la oposición.
Se busca asegurar el correcto desempeño de las funciones públicas y aumentar los niveles de probidad, transparencia y eficiencia en el ejercicio de aquellos cargos, además de mejorar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y las máximas autoridades de la República.
Para asegurar que niños y jóvenes accedan a la educación en condiciones adecuadas, por las ventajas y beneficios de las clases presenciales donde la interacción social y el rol educador del docente son fundamentales para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes.
El protagonismo de los padres en la formación de sus hijos ha declinado, y el principal motivo que explica esta situación es la carga laboral que estos deben cumplir.
La relación que existe entre la ciudadanía y las autoridades que conforman el Poder Judicial es la misma existente entre un mandante y un mandatario, por ende, los jueces y ministros deberían rendir cuentas a la ciudadanía, se afirma en la iniciativa.
