Asegura el derecho de toda persona con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual a ser reconocida como sujeto de derechos, a participar socialmente y a manifestar su consentimiento libre e informado en toda intervención médica o científica.
Propone restricciones para los parlamentarios que quieran ser candidatos a la presidencia con el fin de procurar que su actuar sea honesto y leal.
La legislación chilena no cuenta con una organización sistematizada que permita prevenir los incendios en bosques nativos y no establece limitaciones al uso del suelo de los terrenos incendiados.
Las personas que reciben tratamientos físicos o psicológicos se encuentran en un grado de relación asimétrica de poder con el facultativo profesional que pone en peligro su indemnidad sexual.
Es necesario regular el funcionamiento de las clínicas veterinarias dentro de las comunidades para incentivar la tenencia responsable de mascotas y lograr el bienestar de los animales.
Los actos y contratos que se relacionan con una tabla mortalidad que no se condice con la realidad chilena no tienen un sustento razonable y son actos contrarios al orden público.
Existen cerca de 10.000 profesionales de la educación que no acceden al pago del BRP.
Pueden inscribirse para votar anticipadamente los adultos mayores, las mujeres embarazadas, las personas discapacitadas, los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, las personas que trabajen fuera del área urbana en que se encuentra emplazado su lugar de votación y los enfermos que no puedan acudir a su mesa de votación.
Es necesario generar controles que sean suficientes para lograr la detección de actos ilícitos que se quieran encubrir a través de la creación de fundaciones y corporaciones.
Tipifica como delito el acoso sexual continuo o habitual en el ámbito laboral o educacional.
