Exige a las empresas y a sus socios en toda la cadena de suministro, desde el suministro hasta la distribución, que tomen medidas para evitar, mitigar o reducir su impacto negativo de las actividades empresariales sobre los derechos humanos y el medio ambiente.
Las medidas suponen innegablemente una restricción del ejercicio del derecho de propiedad del demandante y afectan negativamente a su vida privada y familiar, a su domicilio y a sus comunicaciones. Sin embargo, siempre se ha sostenido que en el Derecho de la UE esos derechos fundamentales no gozan de una protección absoluta, sino que deben considerarse en relación con su función en la sociedad.
Con sus acciones militares ilegales, Rusia está violando gravemente el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, socavando la seguridad y la estabilidad de Europa y el mundo.
El Tribunal General no debería haber anulado el mantenimiento de Hamás en dicha lista bajo la excusa que el Consejo no había autorizado mediante una firma las exposiciones de motivos individuales de dichos actos.
Auxiliares de Navalni habían pedido a la UE la adopción de sanciones contra los llamados «oligarcas», millonarios que disfrutan de influencia política en el entorno del presidente Vladimir Putin.
La ley tiene como objeto que la Unión Europea sea climáticamente neutra para el año 2050.
Las sanciones se encuentran vigentes desde el año 2016.
