La Ley de derechos de autor fomenta la creatividad al otorgar al creador de una obra original un conjunto de derechos que incluye el de reproducir la obra protegida por derechos de autor y de preparar obras derivadas. Ello se refleja en la doctrina del uso justo, que establece el uso justo de una obra protegida, para fines tales como críticas, comentarios, informes de noticias, enseñanza beca o investigación.

Los legisladores otorgaron al Congreso un poder considerable para regular el comercio interestatal y adelantarse a las leyes estatales que sean contrarias. Si bien esta Corte ha inferido una regla adicional ejecutable judicialmente contra ciertas leyes estatales adoptadas incluso cuando el Congreso no se pronuncia, la jurisprudencia sugiere también una extrema precaución en su ejercicio.

La decisión se enmarca en un litigio judicial suscitado a raíz de una sentencia que prohibió el acceso a la píldora a nivel nacional y que fue apelado por distintos actores. Así, la Corte dejó sin efecto la medida dictada por el tribunal de segunda instancia que, al día de hoy, está conociendo el caso.

El requisito de agotamiento administrativo se aplica solo a las demandas que buscan reparación, pero en el caso concreto el demandante presenta una demanda bajo otra ley federal por daños compensatorios, una forma de alivio que todos están de acuerdo en que IDEA no proporciona.

La norma establece un equilibrio entre los intereses de los deudores insolventes y sus acreedores. Por lo general, permite a los deudores liquidar todas las obligaciones previas a la quiebra, pero hace excepciones cuando, a juicio del legislador, el interés del acreedor en recuperar una deuda en particular supera el interés del deudor en comenzar de nuevo. Una de esas excepciones prohíbe a los deudores pagar cualquier deuda por dinero obtenido por fraude.

El caso ha generado un gran debate sobre la responsabilidad que cabe a las compañías de internet por el contenido que publican sus usuarios. Si bien algunos esgrimen que es necesario limitar la protección a estas empresas, otros arguyen que ello afectará la libertad de expresión en internet y posibilitará una avalancha de demandas de igual índole.

El objetivo es corregir las desigualdades surgidas en el pasado segregacionista de Estados Unidos y aumentar la proporción de estudiantes afrodescendientes, hispanos o de pueblos indígenas, que siguen estando subrepresentados en la educación superior.

Debido a que la jurisdicción de un Estado coincide con la jurisdicción federal, un enjuiciamiento estatal no impediría un juzgamiento federal anterior o posterior. El Estado tiene gran interés soberano en garantizar la seguridad pública y la justicia penal dentro de su territorio, incluido el interés en proteger a las víctimas de delitos tanto indígenas como no indígenas.

La opinión de Texas permitiría a los estados frustrar la preparación militar nacional. Si uno o más Estados decidieran negarse a emplear a los militares que regresan del servicio, el Congreso, según lo expresado por Texas, no tendría poder para autorizar demandas privadas de reintegro contra esos Estados, lo cual debilitaría la seguridad nacional.

La decisión se emitió un 6 de marzo de 1857, hace 165 años atrás, y es considerada la más infame de la historia constitucional de ese país.