La sentencia concluye que, en términos de razonabilidad y proporcionalidad, la medida se ajusta completamente a éstas, ya que su implementación se justifica o se ampara en la protección colectiva de la salud.

El Supremo argentino concluyó que, por las características de la revista, la portada cuestionada no resulta lesiva del derecho al honor de la actora, dado que constituye una crítica política que no excede los límites de la protección que la Constitución Nacional otorga a la libertad de expresión.

La mayor crítica que la doctrina ha dirigido contra la sentencia dice relación con el ejercicio de la libertad de expresión, en tanto, sentencias con altas sanciones para un medio de comunicación provocan ese “efecto desaliento” en el ejercicio de las libertades, frente al que, en buena medida, se construye el sistema de la libertad de expresión a una sociedad liberal.

La trata de personas y las prácticas análogas a la esclavitud son violaciones graves a los derechos humanos en cuanto a que −en distintas formas−, atentan contra el núcleo duro de los derechos fundamentales y cosifican a los seres humanos, convirtiéndoles en mercancías, sobre las que los tratantes ejercen los atributos de la personalidad.

El Mandatario, quien dedujo la acción, arguyó que la prohibición era una contravención de la libertad individual de conciencia y afectaba la libertad de pensamiento y opinión.

Se concluye que estos dichos tienen mucho tiempo; puede que quien las expresó haya madurado, y cambiado su opinión al respecto de lo que en ese momento decían. Ocho años después, las personas cambian. Pero ocurre que lo dejado en internet queda ahí, entonces las personas quedan como esclavos de sus propias palabras.

Jimmy Lai, de 73 años, es un prominente activista pro democracia en Hong Kong. Es dueño del popular diario, Apple Daily, medio de comunicación crítico de las restrictivas medidas impuestas a la comunidad semi autónoma.

El “Caso Ibiza” es un escándalo de corrupción que dice relación con un video en que un político austriaco aparece ofreciendo contratos públicos a una supuesta millonaria rusa, a cambio de financiación ilegal.

El conflicto ambiental inició tras la presentación de un recurso de amparo por parte de grupos ambientalistas y otros concursantes de la licitación para la obra.

Pese a los argumentos de la defensa, el fallo determinó que al acusado estaba en plenitud de sus facultades cuando planeó y realizó el ataque que acabó con la vida de dos personas el 9 de octubre de 2019.