Nueva Caledonia es una colectividad territorial francesa formada por un grupo de islas y archipiélagos de Oceanía, ubicado en el Mar del Coral y el Océano Pacífico Sur. Tiene un estatus de colectividad sui géneris, estatus particular concedido por el Acuerdo de Numea en el seno de la República Francesa.

La “función del producto cosmético” ha de informar claramente al consumidor del uso y del modo de empleo del producto con el fin de garantizar que este pueda ser utilizado con total seguridad por los consumidores.

La Magistratura señala que la prohibición puede tener un efecto perjudicial en la inclusión de niñas musulmanas en edad escolar y provocar discriminación, porque conlleva el riesgo de dificultarles el acceso a la educación o de marginarlas de la sociedad.

Un tribunal canadiense reconoció a dos hombres como los padres del niño, por lo que ha excluido de la maternidad legal o cualquier otro derecho en relación a ella, tanto a la donante del óvulo como a la mujer que dio a luz al niño.

En situaciones fácticas idénticas la Secretaría de Derechos Humanos y Sociales de Argentina ha reconocido el derecho de indemnización a personas que fueron sujetas a un régimen de libertad vigilada.

La aplicación general de esta jurisprudencia significaría que si un Diputado acepta el nombramiento para cualquiera de los cargos que enumera la norma constitucional, no perdería su escaño.

Datos de la ONG Sahil, apunta que más de mil 500 niños han sido violados desde principios de año. Además, casi mil mujeres mueren en Pakistán cada año en los llamados “asesinatos por honor”, por supuestamente violar las normas conservadoras del amor y el matrimonio.

Además, el Tribunal insinuó que, como medida para mejor resolver, verificaría lo expresado por el Gobierno e instruiría una visita personal del tribunal a las áreas donde se han plantado los árboles según el agente representante del ejecutivo.

En una causa anterior determinó que a nivel estatal, en las causas sobre asuntos penales, la votación del jurado tiene que ser unánime para hallar culpable a una persona, sin embargo, abarcaba sólo a casos futuros o casos que estaban bajo apelación en ese momento.

Concluyó que la norma cuestionada es inconstitucional, ya que obliga a un tribunal a imponer el mismo castigo a un incitador que al autor real de un delito de odio.