El proyecto tiene como objetivo la introducción del denominado caso urgente para facultar excepcionalmente al Ministerio Público, bajo hipótesis tasadas y respecto de la investigación de determinados delitos, instruir a las policías la detención de una persona por riesgo de fuga o peligro inminente para la integridad física o vida de la víctima, su familia o testigos de la investigación.
En virtud de la legislación gibraltareña, una persona comete un delito si expone intencionalmente sus genitales y si tiene la intención de que alguien los vea y cause alarma o angustia. La Comisión del Servicio Judicial de Gibraltar inició un proceso disciplinario para determinar su eventual responsabilidad.
El imputado fue detenido el 20 de julio de 2023, junto a otras personas en un vehículo motorizado en el que se encontraron 2 armas de fuego prohibidas y cuatro armas cortantes, además de placas patentes de otro vehículo.
La iniciativa busca facilitar la identificación de detenidos cuya identidad no es posible de determinar. Para esto, establece un proceso de verificación de los datos de las personas y su eventual enrolamiento.
El imputado intentó anular el juicio argumentando que los agentes lo vieron entregando un sobre blanco y recibiendo un billete a cambio, acto que indica como neutro. No obstante, el máximo Tribunal estimó que los hechos fueron apreciados en contexto por personal de Carabineros, quienes estimaron que tal acto podría constituir un ilícito como finalmente fue confirmado por la magistratura.
El acusado manejaba un vehículo en estado de ebriedad y con su licencia de conducir cancelada por la ciudad de Los Andes, cuando atropelló a un transeúnte provocándole graves lesiones, luego, huyó del sitio y fue detenido por Carabineros al día siguiente, tras ser fiscalizado en la comuna de La Reina. El máximo Tribunal estimó que la verificación de la participación del acusado en el atropello, no constituye una infracción al debido proceso.
La institución recurrida señaló que aun en caso de flagrancia, los ocupantes no habrían podido ser detenidos, atendida la pena de multa asociada al delito de usurpación, por aplicación de los artículos 124 y 134 del Código Procesal Penal.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario del tribunal de primera instancia al dictar la orden de detención del amparado.
Esta acción es un indicio válido al tenor de los artículos 83 y 85 del Código Procesal Penal.
Las actuaciones acusadas como ilegales por el imputado se encuentran reguladas en los artículos 187 y 215 del Código Procesal Penal.
La Comisión Disciplinaria aplicó a la magistrada la sanción de suspensión de funciones y una multa de dos mil euros.
