No puede omitirse que verse involucrado en noticias de esta especie pudo haberle causado una afectación, pero lo que debe verificarse es si se trata de una conducta antijurídica por exceder el marco del derecho a la libertad de expresión del demandado, lo cual no ocurrió en el caso concreto.
El constituyente procuró dispensar una protección efectiva al parlamentario, a fin de permitirle el amplio ejercicio de la libertad de expresión cualquiera que sea el ámbito espacial en que se manifieste, incluso fuera del Parlamento, siempre que las declaraciones realizadas por el miembro del Poder Legislativo estén vinculadas al cumplimiento del mandato o hayan sido pronunciadas en razón del mismo.
Amenazar con violencia para inducir a un periodista a huir o renunciar es contrario a todas las normas sociales y, por lo tanto, es ilegal; y las autoridades gubernamentales también tienen derecho a la protección contra acusaciones infundadas de delitos graves y difamatorios.
Las publicaciones no sólo amenazan y difaman a ciudadanos y funcionarios públicos inocentes, sino que también atentan contra la seguridad y el orden público, alegó el Municipio.
El actor fundamentó su petición a las empresas en el artículo 24 letra H) de la ley 18.168, el cual regula el principio de neutralidad de la red.
