El trabajador, que conducía una furgoneta de reparto, fue atropellado al cruzar un paso de peatones. Debido al accidente, fue trasladado al hospital de urgencia, donde fue visitado por el empresario demandado, quien lo dio de baja en la Seguridad Social ese mismo día.

No hubo vulneración de los derechos consagrados en los artículos 14, 15 y 24 de la Constitución Española.

El Tribunal acogió la acción deducida, tras establecer que el actuar de la demandada vulneró los derechos fundamentales de la trabajadora al iniciar un proceso paulatino de detrimento de las condiciones laborales en forma paralela al embarazo de la demandante.

El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción cautelar de urgencia, tras establecer que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver los hechos denunciados.

El máximo Tribunal estableció que los jueces de fondo actuaron correctamente al considerar atentatoria contra la identidad de género de la demandante la conducta de la recurrente.

El autor señala que la diferencia de trato debe proceder de distinciones proporcionadas, que obedezcan a una diferencia objetivamente justificada y que supere un juicio de proporcionalidad.

Al respecto, la Magistratura constitucional española adujo que no concurre una forma de discriminación directa de la etnia gitana, sino la consecuencia ordinaria de la propia decisión personal, libre y voluntaria de no acceder a alguna de aquellas fórmulas de constitución en Derecho para establecer el vínculo.

La Sala del Senado da el primer paso a la idea de legislar sobre este proyecto que posee un fuerte componente social y cultural.

Las lesiones a los derechos fundamentales imputables al empleador en el marco del procedimiento de tutela rara vez se presentan en forma explícita.

La lista de países latinoamericanos que no mencionan la palabra raza en sus cartas magnas la completan Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.