El actor acusó una funa en su contra en la que se le sindica como un ladrón y estafador, al no devolver una suma dinero que la recurrida le prestó e intenta pagar con la importación de un vehículo desde el extranjero.

La Primera Sala de alzada acreditó que el contenido de las publicaciones vulneran el derecho a la honra y crédito personal de los propietarios de la empresa.

A diferencia del ilícito civil, en el ilícito penal de la estafa el sujeto activo sabe desde el mismo momento de la perfección del contrato, que no podrá o no querrá cumplimentar la contraprestación que le corresponde en compensación del valor o cosa recibidos, y que se enriquecerá con ellos.

La simulación ante un dispositivo electrónico haciéndose pasar por quien no se es para que éste lleve a cabo la operación comercial, basta para calificar la conducta como delito de estafa.

La propuesta se impulsa en función del gran número de delitos, como estafas telefónicas o extorsiones, que se realizan desde las cárceles bajo la modalidad “cuento del tío”.

Durante el primer semestre del año 2015, la acusada ordenó a la directora del establecimiento dejar en blanco las ausencias de alumnos, de esta forma adulteró los libros de clases para registrar 503 asistencias inexistentes de diversos estudiantes, y así percibir un mayor monto de subvención escolar.

No pueden considerarse como una intromisión ilícita si se consideran proporcionadas con la finalidad informativa o valorativa que se pretende en contextos de crítica.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución, dictada por el Juzgado de Garantía de Coyhaique, que accedió a la solicitud de extradición tras establecer que se cumplen con los requisitos legales para pedir la entrega de Castro Martínez, cuya formalización se realizó en ausencia por delitos que tiene asignada una pena privativa de libertad superior a un año, acción penal que no se encuentra prescrita y la requerida se encuentra residiendo en la ciudad de Varsovia, Polonia.

Tres altos ex ejecutivos y diecisiete particulares deben pagar solidariamente la indemnización a la que fueron condenados, por su participación, beneficio o provecho en un fraude desarrollado entre los años 2008 a 2012 en contra de la institución bancaria, y que involucró desvíos de dinero por más de 24 millones de dólares.

La acusada hacía creer a los compradores que los terrenos eran aptos para la urbanización, en circunstancias que se encontraban con prohibición de cambio de uso de suelo agrícola, además de no ajustarse a la superficie legal exigida para la enajenación.