El CPLT ilegalmente ha exigido la entrega de una información que no consta en actos, resoluciones, actas, procedimientos, contratos y que no ha sido elaborada con presupuesto público y que, además, no consta en soporte alguno.
2.180 fueron civiles, de los cuales, 1.796 presentan condenas anteriores (82,4%). Además, de este universo, 26 se mantenían en prisión preventiva por, al menos, algún delito relacionado al llamado estallido social al 11 de diciembre de 2020.
Dictamen responde a una solicitud del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) que expone una omisión administrativa en la no declaración ni pago de las cotizaciones previsionales del mes de octubre de 2020, respecto de su cuerpo docente y asistencial de educación.
El Tribunal no acogió la modificación de medidas cautelares plateada por la defensa y mantuvo la cautelar más gravosa para Crespo Guzmán, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
Se fundamenta en la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas detenidas y procesadas penalmente en juicios que no se habrían extendido tanto tiempo en un contexto de normalidad.
Junto con la acción referida, otros 3 Generales presentaron, en su oportunidad, los correspondientes recursos de protección, en donde expresaron las mismas alegaciones, por lo que este mismo criterio fue utilizado para declarar la inadmisibilidad de las acciones constitucionales.
Debido a la extensión de los rayados en contra de Carabineros.
Mes de los Plebiscitos y el Estallido Social.
Para que tengan una reparación rápida y completa por parte del Estado.
El recurrente estimó atropellados sus derechos a ejercer su actividad económica y libre emprendimiento.
