La Comisión de Derechos Humanos despachó el segundo informe del proyecto de ley que establece una regulación especial para las víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte en el contexto de protestas sociales, el cual ahora será votado en particular por la Corporación.
La Sala de la Cámara analizó la iniciativa que propone una regulación especial para quienes fueron víctimas de lesiones y mutilaciones, así como de la muerte de familiares en el contexto de las movilizaciones sociales que comenzaron en octubre de 2019.
El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia recurrida, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda y rechazó la justificación de caso fortuito, esgrimida por la empleadora.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La información requerida reviste el carácter de pública, al tenor del artículo 8 de la Carta Fundamental, pues no revisten la naturaleza de acto o resolución y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° letra a) del Decreto Supremo N° 13 de 2009, del Ministerio General de la Presidencia, Reglamento de la Ley de Transparencia.
El delito de “terrorismo urbano” engloba la tipificación de conductas que desafían el orden constitucional o alteran el orden público.
El examen de legalidad del actuar de Carabineros de Chile al realizar maniobras de contención dentro de las manifestaciones sociales y el uso de armas antidisturbios es una temática que no puede ser resuelta mediante un recurso de protección.
La Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos respondió nueve preguntas que la fiscal Claudia Perivancich le envió en octubre del año pasado, quien indaga la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Chile durante el estallido social.
El máximo Tribunal recalificó los delitos de homicidio frustrado y homicidio en grado de tentativa por lesiones graves y daños, respectivamente.
El acceso a copia de las imágenes había sido denegado por la institución aludiendo a que la institución debería distraer al personal policial de sus funciones para realizar manualmente acciones de tarjado o difuminado de datos personales –como la imagen del rostro- de quienes pudieran aparecer en las grabaciones y evitar así su individualización.
