La Segunda Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Concepción.
La Primera Sala del tribunal de alzada ratificó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Bulnes, el 15 de septiembre recién pasado, que mantuvo al imputado recluido en el Centro Penitenciario de Chillán.
Los requirentes alegan que se pretende asimilar la calidad del sujeto activo en el delito de Fraude al Fisco a quienes no tienen la calidad de funcionario público, lo que vulnera el debido proceso y la igualdad ante la ley.
El reproche al fallo de parte de la recurrente en orden a que el hecho acreditado no describe cuáles serían los deberes funcionarios infringidos, cómo los habría infringido el acusado, ni como aquella supuesta infracción de deberes funcionarios se relaciona funcionalmente con el perjuicio producido, debe ser desechado, desde que dichos elementos no forman parte del tipo penal en específico, razón por la cual el recurso de nulidad en este capítulo no puede prosperar.
El viaje no estaba relacionado con las funciones propias de los respectivos cargos ni existía un fin o interés público vinculado a dichas actividades, por lo que asignar y disponer de fondos públicos mediante las autorizaciones respectivas conlleva un detrimento al erario público.
El Tribunal de alzada estableció falta de fundamentación en la resolución impugnada, dictada por la Comisión de Libertad Condicional, que rechazó la solicitud del amparado.
El máximo Tribunal estimó que el funcionario administró deslealmente el patrimonio de su unidad militar, para gestionar un viatico que le reembolsaría una suma de dinero que el acusado aportó ante una emergencia, para suplir los gastos menores del regimiento.
La calidad de funcionario público es incomunicable al resto de los participantes, y debido a que el tribunal de base no recalificó los hechos como estafa común, el acusado debe ser absuelto en aplicación del artículo 341 del Código Procesal Penal, pues solo se puede emitir condena respecto de un individuo únicamente por la calificación jurídica hecha en la acusación.
El máximo Tribunal anuló la sentencia en aquella parte que condenó a los acusados César Rojas Gaete y Cristián Gutiérrez Martínez por fraude al Fisco al considerar que no eran funcionarios públicos a la época de los hechos.
El Tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de San Fernando en audiencia de reformalización de la investigación, realizada el miércoles recién pasado.
