Uno de los ministros que rechazó el recurso, era al mismo tiempo el presidente del Tribunal Electoral de la región, órgano que destituyó al edil por los mismos hechos que posteriormente sirvieron a la justicia para condenarlo por malversación de recursos públicos, por lo que se encontraba legalmente implicado y no se abstuvo de participar en la vista de la causa, hecho que vulneró la garantía procesal del tribunal imparcial.

Los requirentes estiman que la norma refutada infringe principios fundamentales del Derecho Penal amparados por la Constitución.

La requirente alegó que el hecho de juzgar a un militar por un delito común contraviene la Constitución y los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile.

El máximo Tribunal consideró que no se vulneró el debido proceso del actor, a quien se le condena por “la abundante prueba documental y testimonial”. Sostiene además, que pudo acreditarse en juicio que el encartado actuó en todo momento con dolo, al conocer la falsificación y el uso de las facturas y montos desviados.

Los ingresos del recurrente se han valorado para acoger la demanda, pero ponen de manifiesto la ilegalidad en que ha incurrido, por lo que se remitirá a la Seguridad Social copia de la sentencia y de todos los documentos que aportó referidos a los ingresos que percibe fuera y dentro de España.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución apelada, dictada por el Juzgado de Garantía de San Fernando.

Si el único motivo que origina el recurso intentado es que no se comparte la naturaleza de la decisión de los ministros, no queda más que declararlo inadmisible.

No se denunció la infracción de aquella disposición central para dirimir la controversia, como lo es aquella que establece el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual.

El exsenador fue condenado a cinco años y un día de presidio efectivo por delitos reiterados de fraude al Fisco y cohecho.

En el caso de la sentenciada Marta Eliana Isasi Barbieri, el tribunal la condenó a 50 días de prisión; más la pena de un año y cinco meses de suspensión para cargos u oficios públicos; la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante la condena; más una multa de la mitad del monto solicitado, equivalente a $20.000.000, en calidad de autora de un delito consumado de cohecho, en relación al ilícito cometido en los meses anteriores a julio de 2012.