El requisito establecido por la ley constituye una discriminación arbitraria en su contra alega el requirente, atenta contra la igualad ante ley, al derecho a desarrollar una actividad económica, al ejercicio de una profesión, entre otras garantía constitucionales que estima infringidas.
El requirente alega que se le impide injustamente acceder a la justicia en los términos protegidos por la Constitución.
El requirente alega que se le impide arbitrariamente terminar con el procedimiento, vulnerando sus garantías constitucionales.
Los requirentes estiman que la disposición consagra una diferencia perjudicial y carente de razón, además de infringir las normas de formación de la ley.
El requirente alega que se permite que el juez autorice arbitrariamente el remate de un bien de su propiedad, vulnerando sus garantías constitucionales.
