El Poder Ejecutivo reglamentó una serie de artículos de la Ley de Acceso a la Información Pública. Entre los cambios, se excluye la información del ámbito de la vida privada de los funcionarios públicos Tampoco las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo preparatorios de la decisión estatal.
Vulnera los derechos a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, a la defensa jurídica y el debido proceso legal, en su vertiente, del derecho al recurso.
La requirente alega que la normativa impugnada amplía lo que debe entenderse por información pública más allá de lo que autoriza el texto constitucional.
El oficio señala que en relación al artículo 30 bis, se sugiere precisar y acotar la aplicación de la reclamación ante la Corte de Apelaciones sólo respecto de los órganos señalados en el inciso 2° del artículo 2 del artículo primero, y se estima favorable que sean las Cortes de Apelaciones las competentes para conocerla.
