La sentencia determinó declarar improcedente el requerimiento de inaplicabilidad, acorde con los antecedentes allegados al proceso con posterioridad a su admisibilidad y conforme con los previsto en el artículo 84, inciso primero, N°5, de la LOCTC, ya que ambas disposiciones ya han recibido íntegra aplicación en el proceso de que se trata, agotando sus efectos.

Según el precedente de la Corte Suprema, los agentes pueden ingresar a una casa sin una orden judicial cuando persiguen a un presunto delincuente.

El máximo Tribunal confirmó íntegramente la resolución impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que acogió la acción constitucional.

La Segunda Sala señaló, que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 5° del artículo 84 de la LOCTC, en cuanto el precepto cuestionado no resulta decisivo en la resolución del asunto.

El golpe de Estado de Turquía de 2016, se refiere a una frustrada movilización armada realizada por algunas facciones dentro de llas FFAA con el fun de derrocar al Presidente Recep Tayyip Erdogan, y al Gobierno del Primer Ministro Binali Yildirim.

La Ley de Prevención de Delitos de Agresión Sexual del país asiático, que dispone LA facultad de ordenar que sean sometidos a un tratamiento en un centro hospitalario psiquiátrico después de completar su condena, si una evaluación médica concluye que existe peligro de reincidencia.

La sentencia señala que, privar de libertad a una ciudadana que se encuentra sentada en una banca, descansando momentáneamente y debidamente autorizada mediante el respectivo salvoconducto, configura un comportamiento que no sólo excede al marco de sus atribuciones, sino que demuestra una falta de respeto hacia la vigencia de los derechos fundamentales de las personas.

La gestión pendiente incide en proceso seguido ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Temuco.

En efecto, la Magistratura constitucional de España concedió el amparo a un ciudadano colombiano al que la Audiencia Nacional decidió extraditar a la República de Colombia para su enjuiciamiento por presuntos delitos de daños informáticos y cohecho.

Estimó que los fundamentos del decreto de expulsión no son proporcionales a la infracción y causal de expulsión invocada.