El funcionario acusado, en razón de su calidad y la naturaleza de sus funciones, y sabiendo que igualmente no se encontraban cubiertos los fondos para el pago de los bonos de incentivo al retiro, resuelve que sean pagadas sus propias indemnizaciones con dineros destinados a fines diversos, generando con ello un entorpecimiento en la administración de la Corporación.
La Primera Sala del tribunal de alzada ratificó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Bulnes, el 15 de septiembre recién pasado, que mantuvo al imputado recluido en el Centro Penitenciario de Chillán.
En la audiencia de formalización, el magistrado Víctor Sanhueza Bravo ordenó el ingreso de Lizana Retamal, Rivera Tudela y Segovia Marín al Centro Penitenciario de Alto Hospicio por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 150 días el plazo de investigación.
El Tribunal de alzada revocó la sentencia apelada, dictada por el Quinto Juzgado Civil de Santiago, acogió la demanda y condenó a León Cisterna a pagar al Fisco la suma de $225.529.406.
Las causas de inelegibilidad son también causas de incompatibilidad. Aun no concurriendo la tacha cuando el representante concurrió a las elecciones como candidato, si la causa surge una vez electo y mientras ostente la condición de alcalde o de concejal, esa inelegibilidad se transforma en causa de incompatibilidad, que se mantiene durante su mandato representativo.
Los términos injusticia y arbitrariedad deben entenderse aquí utilizados con sentido equivalente, pues si se exige como elemento subjetivo del tipo que el autor actúe a sabiendas de la injusticia, su conocimiento debe abarcar, al menos, el carácter arbitrario de la resolución.
Confirma pena de doce años de presidio mayor en su grado medio a ex funcionario de salud del Hospital Dr. Juan Monroy que sustrajo el monto de $1.448.262.661.-
La magistrada sometió a proceso a Guillermo Hernán Porcile Arellano, Alberto Eduardo González Martin, John Eduard Griffith Spielman, Sergio Patricio Ahumada Labbé y José Manuel Llanca Zuazagotía de la resolución que los encausa como autores del delito antes mencionado, por distintos montos y periodos de tiempo.
La prescripción de la acción penal se interrumpe respecto de aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos, no solo por la comisión de nuevos delitos sino que también por existir una querella nominativa.
El máximo Tribunal desestimó la acción constitucional de amparo, al considerar que la medida cautelar privativa de libertad fue dictada con fundamento por juez competente.
La magistrada tuvo presente que, en el caso de Espinosa Valenzuela se sospecha en forma fundada que estaba destinando fondos públicos a su patrimonio personal. Por esas consideraciones, se estima que efectivamente su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y que la prisión preventiva resulta proporcional a la pena que arriesga.
