No existe en el ordenamiento jurídico una norma que autorice la elaboración y mantención indefinida de un registro de datos personales de quienes hayan tenido la calidad de intervinientes o de imputados en un proceso penal.
El Tribunal no acogió la modificación de medidas cautelares plateada por la defensa y mantuvo la cautelar más gravosa para Crespo Guzmán, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
Se adoptó acuerdo, quedando la causa en estado de sentencia, designándose como redactor a la Ministra Brahm.
El Tribunal de alzada revocó la resolución dictada por el tribunal de primera instancia, tras considerar que en la especie se pueden cautelar los fines del procedimiento con una medida de menor intensidad a la prisión preventiva.
El tribunal ordenó oficiar al Hospital Regional para que emita un informe siquiátrico con el fin de determinar la imputabilidad de J.V.R.V. y una eventual peligrosidad para sí mismo.
Con el fin de evitar que las ideologías políticas de los fiscales afecten procesos judiciales.
El magistrado mantuvo el plazo de investigación en 200 días, fijado el 20 de agosto pasado, en una primera audiencia de formalización por el delito de falsificación de instrumento privado, en la que compareció el coimputado y funcionario de la notaría.
La Magistratura señala que la CPR no le otorga al órgano persecutor la potestad para, sin un control tutelar efectivo por parte de la judicatura, hacer prevalecer, sin más, decisiones de mérito que impliquen perjudicar la pretensión punitiva de la sociedad y de la víctima.
Se le asigna al citado precepto una aplicación extensiva que no tiene.
El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional al considerar que de los hechos descritos por el amparado se desprende que existe una amenaza cierta de atentado contra su vida, descartando participación de la Armada.
