El recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2, 3 y 24.
La Corte de Apelaciones de Concepción señaló que, siendo obligatorio y vinculante para el ente edilicio el Dictamen/Oficio N° 3360 éste no dio cumplimiento a lo ordenado en el mismo, actuación que afectó la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política.
La recurrente estimó vulnerada su garantía constitucional del numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental.
El máximo Tribunal acogió recurso de unificación de jurisprudencia deducido en contra de la sentencia que rechazó la demanda.
El máximo Tribunal concluyó que la recurrente incurrió en una omisión? ilegal que posee evidente aptitud para perturbar el derecho de los actores a la propiedad sobre sus remuneraciones.
El máximo Tribunal acogió el recurso de unificación de jurisprudencia promovido por la demandada, anuló la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago y, sin nueva vista, dictó sentencia de reemplazo.
El Tribunal de Alzada estimó que se puso en riesgo el derecho de propiedad de los recurrentes.
El fallo concluyó que el acto impugnado es ilegal.
El máximo Tribunal estableció que no corresponde el pago ejecutado por la Municipalidad de Lo Barnechea.
El máximo Tribunal revocó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que había acogido la acción cautelar deducida por la empresa Sur S.A.
