La prisión preventiva es excepcional, sin embargo, en ciertos casos y bajo determinadas circunstancias, resulta necesaria, razonable y proporcional para garantizar los fines del proceso penal, tanto más, si concierne dilucidar injustos graves y subyace complejidad en la actividad probatoria.
El delito de rebelión es considerado en el Código Penal como un delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional; es el máximo atentado al sistema constitucional. Luego, el bien jurídico tutelado es el orden constitucional desarrollado por la Constitución, cuya protección obviamente es imperiosa. Consiste en el alzamiento en armas con uno de los fines antes indicados.
