La denunciante no ha demostrado ser titular de derechos de autor sobre los materiales objeto de denuncia. Los elementos adicionales que aparecen sobre las imágenes (rectángulos que contienen frases o expresiones) tampoco presentan rasgos particulares que denoten un mínimo de originalidad, por lo que no pueden ser protegidos por el derecho de Autor.

Prescriben la expulsión de los ciudadanos extranjeros que hayan purgado una pena por los delitos de homicidio, violación sexual, sicariato, secuestro y trata de personas, entre otros, estableciendo para ello modificaciones al Código Penal. También amplía el control de identidad de los detenidos de 4 a 12 horas.

El daño producido al actor es consecuencia de no habérsele brindado la información precisa sobre la carrera a la que postuló, cursó y egresó, pues de haber mediado una información adecuada y precisa, el demandante no hubiera visto frustrado su proyecto profesional de desempeñarse como Tecnólogo Médico en áreas de la salud.

Los servicios complementarios de seguridad brindados por un establecimiento comercial constituyen mecanismos empleados por los proveedores con el objeto de reducir el riesgo de que las pertenencias de los consumidores sean sustraídas o de cautelar la vigilancia de sus propios bienes; no obstante, el empleo de dicho mecanismo no obliga a los proveedores a responder por cualquier hecho que acontezca dentro de su establecimiento.

Mostró gran preocupación por las múltiples denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. El texto refiere que el gran número de muertos y heridos confirmados podría dar cuenta de una masacre. Finaliza con una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades peruanas.

El requerido fue solicitado por la república de Perú, para ser investigado por un robo agravado cometido en Lima en el año 2007. La ministra instructora del máximo Tribunal estimó que la acción penal se encontraba prescrita, pues transcurrieron más de 10 años desde la comisión del delito y la fecha de la audiencia de extradición en 2023.

El Tribunal de alzada rechazó la acción judicial al no existir la vulneración a la garantía numeral séptimo del artículo 19 de la Constitución.

Surge de los antecedentes que el plazo en cuestión es de 4 años y 6 meses, compuesto por el plazo de prescripción ordinario -de 3 años- correspondiente a la pena máxima prevista para el delito imputado más la mitad de ese plazo.

Una vez que la víctima ha presentado un caso prima facie en el que se acredita la existencia de un trato diferenciado y discriminatorio por parte de una empresa, la carga de la prueba pasa al autor -en este caso, la empresa-, debiendo demostrar que no hizo tal distinción o que, en su caso, existió una justificación objetiva y razonable que amparara esta diferencia de trato.

El requerido fue condenado en 2004 por robo agravado en Perú, y fue beneficiado en 2006 con la libertad condicional, pena que fue quebrantada en 2007 al no presentarse para control de la autoridad. La ministra estimó prescrita la pena, al transcurrir más de 10 años entre el quebrantamiento de aquella y la presentación de la solicitud de extradición.