Estado peruano no fue responsable de la violación a las garantías judiciales, al principio de legalidad, a los derechos políticos, y a la protección judicial del juez destituido en un proceso disciplinario.
El autor sostiene que “la ONPE, a través de este Protocolo, optimiza la garantía del derecho al voto de las personas trans, algo que merece nuestro reconocimiento y felicitación, pues su contenido guarda estricta relación con las obligaciones convencionales y constitucionales que el Estado peruano debe cumplir para proteger el derecho a la identidad de género”.
La Fiscalía peruana les imputa el delito de lesiones graves seguidas de muerte en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
El Juzgado Constitucional declaró fundada en parte la demanda de amparo, al considerarse afectados los derechos a la dignidad, autonomía, libre desarrollo de su personalidad y la amenaza de no sufrir tratos crueles e inhumanos.
El autor afirma que la autoridad sanitaria peruana (MINSA) ha cumplido con publicar oportunamente el Protocolo Sanitario que establece las medidas de seguridad y prevención contra la COVID 19 para las actividades de la campaña electoral en las Elecciones Generales 2021.
El autor dice que la autoridad electoral peruana (ONPE), encargada de organizar los procesos electorales, ha cumplido con publicar oportunamente los Protocolos Sanitarios, por tanto, los electores son los que tienen la obligación de cumplirlos para garantizar la participación y seguridad sanitaria de todos los peruanos y peruanas que vayan a las urnas a ejercer democráticamente, y en la fecha legalmente establecida, el derecho de sufragio.
El autor afirma que el próximo 11 de abril los peruanos deberán enfrentar quizá el proceso electoral más complejo de las últimas cuatro décadas. El próximo presidente de la República afrontará una doble crisis -sanitaria y económica-, generada por la pandemia del coronavirus, y otra de carácter político, producida al interior de sus propias instituciones constitucionales.
