El Tribunal no acogió la modificación de medidas cautelares plateada por la defensa y mantuvo la cautelar más gravosa para Crespo Guzmán, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

El Tribunal de alzada ratificó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de San Carlos, el viernes 4 de diciembre pasado.

La defensa alegó que el mantenimiento de la custodia viola el principio de duración razonable del proceso y que no existe ningún elemento objetivo y concreto que demuestre el riesgo del imputado para el orden público o la garantía de aplicación del derecho penal.

El acusado secuestró a los gerentes y cajeros del banco y sus familias, y les hizo amenazas. Al día siguiente, armados con pistolas, escopetas, ametralladoras y granadas, entregó a los empleados y guardias de seguridad uno a uno.

«El hecho de que la medida propuesta sea temporal, fundamentada en una situación excepcional subyacente y, que responda a razones humanitarias y de salud pública, hace posible señalar que la idea legislativa parece lo suficientemente específica y proporcionada como para considerarse razonable», sostiene el informe.

El máximo Tribunal rechazó la solicitud, tras establecer que no existen antecedentes que permitan calificar de arbitrarias o injustificadamente erróneas las resoluciones que dispusieron y mantuvieron privado de libertad al peticionario.

El máximo Tribunal estableció que la magistrada de primera instancia actuó dentro de sus atribuciones al ordenar la prisión preventiva del imputado.