La defensa alegó que el mantenimiento de la custodia viola el principio de duración razonable del proceso y que no existe ningún elemento objetivo y concreto que demuestre el riesgo del imputado para el orden público o la garantía de aplicación del derecho penal.
El acusado secuestró a los gerentes y cajeros del banco y sus familias, y les hizo amenazas. Al día siguiente, armados con pistolas, escopetas, ametralladoras y granadas, entregó a los empleados y guardias de seguridad uno a uno.
«El hecho de que la medida propuesta sea temporal, fundamentada en una situación excepcional subyacente y, que responda a razones humanitarias y de salud pública, hace posible señalar que la idea legislativa parece lo suficientemente específica y proporcionada como para considerarse razonable», sostiene el informe.
El máximo Tribunal rechazó la solicitud, tras establecer que no existen antecedentes que permitan calificar de arbitrarias o injustificadamente erróneas las resoluciones que dispusieron y mantuvieron privado de libertad al peticionario.
El máximo Tribunal estableció que la magistrada de primera instancia actuó dentro de sus atribuciones al ordenar la prisión preventiva del imputado.
