Se pagaron las cantidades fijadas en la sentencia, por concepto de indemnizaciones del daño material y del daño inmaterial, así como el monto fijado por concepto de costas y gastos a favor de los representantes de las víctimas. En consecuencia, consideramos que el Estado ha dado cumplimiento total a las reparaciones ordenadas.

El máximo Tribunal razona que la imposición de la medida cautelar y la dictación de la sentencia definitiva son momentos procesales diferentes que requieren de grados de convicción distintos, con procesos valorativos e interpretativos diversos y, por consiguiente, dichas fases, aun con conclusiones contrapuestas, pueden ser perfectamente válidas y jurídicamente correctas.

Esta acción no resulta la vía adecuada para solicitar la sustitución de la prisión preventiva por la medida cautelar de arresto domiciliario total.

La Corte de Santiago resolvió que la querella de capitulo no tiene asidero, ya que dicho procedimiento está concebido para proteger la función ministerial cuando se intenta hacer efectiva la responsabilidad de quien ostenta la calidad de juez, fiscal judicial o fiscal del ministerio público y no de quienes, en el pasado, hayan servido algunos de esos cargos.

Concejales eligieron al alcalde suplente en una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, tras la formalización y prisión preventiva del alcalde titular.

Es doctrina constitucional reiterada que la garantía de información y acceso a las actuaciones, constituye un derecho no susceptible de restricción temporal por la declaración de secreto sumarial, como sí pueden serlo otros aspectos del derecho de defensa. Lo es también que el acceso al núcleo esencial de las actuaciones constituye una exigencia constitucional de los incidentes relativos a la privación cautelar de libertad, en tanto que condición de la necesaria igualdad de armas.

La limitación del plazo máximo de duración de la medida de prisión preventiva encuentra su último fundamento en la seguridad jurídica de los ciudadanos, que con la previsión legal tienen la posibilidad de conocer hasta qué momento puede durar la restricción de su derecho fundamental a la libertad en virtud de la medida cautelar.

Existe una convivencia armónica del grupo familiar en el hogar de la imputada, tal como refirió ella, en cuyo contexto sus hijos “la ayudan realizando los repartos” de la comida que elabora, por lo cual no se vislumbra la imposibilidad planteada por la defensa para que éstos cumplan con la tarea de acompañamiento de la menor ni cabe predicar al respecto la aludida afectación de los derechos de la niña.

Permitir la acción, sería legitimar una tercera instancia, situación que no se encuentra permitida en nuestro Ordenamiento Jurídico Procesal, pues se trasgrediría el artículo 7 de la Constitución.

Los jueces de fondo estimaron que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad, en atención a la gravedad del delito investigado y que, además, de los antecedentes aportados por la Fiscalía, se puede presumir la participación del profesional en la comisión de los hechos.