Se detectó que el  imputado, Juan Alejandro Matus Lagos, ingeniero informático y encargado del soporte técnico de las cámaras de seguridad de un establecimiento educacional de la ciudad de Puerto Montt, mantenía en un equipo computacional a su cargo, imágenes almacenadas de alumnas –niñas y adolescentes–, cuando se cambiaban ropa, las cuales captó con una cámara de vigilancia que instaló en un camarín del colegio.

En la audiencia de formalización, el magistrado ordenó el ingreso de J.L.O.A, Y.J.F.E., R.A.D.C., J.J.L.C., A.I.G.G., R.G.B. y B.A.F.C. al Centro Penitenciario de Alto Hospicio por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.

La Corte fundó su decisión de mantener la prisión preventiva que había sido sustituida por considerar que al ser ingeniero informático el imputado por el delito de almacenamiento de material pornográfico infantil, constituía un peligro para las diligencias investigativas.

Este tribunal ha actuado en el ámbito de su competencia, obró dentro de sus facultades legales, llevando a cabo una práctica judicial reiterada en el tiempo que es cuestionada por primera vez ante este juez, informa el recurrido.

El imputado fue detenido el 20 de julio de 2023, junto a otras personas en un vehículo motorizado en el que se encontraron 2 armas de fuego prohibidas y cuatro armas cortantes, además de placas patentes de otro vehículo.

El derecho penal no puede transformarse en un asunto de dinero y la justicia debe generar la sensación de igualdad ante la ley, que hasta hoy, no se cumple.

El tribunal decretó la prisión preventiva anticipada de Miguel Ángel Apablaza y el arresto domiciliario total de su abuela, Elena Rojas Crespo, imputados como autor y encubridora, respectivamente, del delito de robo con violencia. Además, se fijó en 120 días el plazo de investigación.

El estándar probatorio que se considera al momento de decretar la medida cautelar es diferente a aquel que se tiene en vistas al dictar el sobreseimiento definitivo, debido a que son dos estadios procesales diversos, por lo que la prisión preventiva siempre es de carácter temporal y revocable, según los mejores antecedentes que puedan aportar los intervinientes.

Se pagaron las cantidades fijadas en la sentencia, por concepto de indemnizaciones del daño material y del daño inmaterial, así como el monto fijado por concepto de costas y gastos a favor de los representantes de las víctimas. En consecuencia, consideramos que el Estado ha dado cumplimiento total a las reparaciones ordenadas.

El máximo Tribunal razona que la imposición de la medida cautelar y la dictación de la sentencia definitiva son momentos procesales diferentes que requieren de grados de convicción distintos, con procesos valorativos e interpretativos diversos y, por consiguiente, dichas fases, aun con conclusiones contrapuestas, pueden ser perfectamente válidas y jurídicamente correctas.