En virtud del principio de “no contacto”, los pueblos en aislamiento tienen el derecho a no sufrir una asimilación cultural forzada.
El Tribunal consideró que las pruebas disponibles al momento en que se decretó la prisión preventiva no satisfacían el estándar de sospecha razonable de que el imputado había cometido un delito.
La iniciativa busca abrir el debate en cuanto al tiempo que resulta adecuado para que se produzca la referida revisión de oficio.
El TEDH consideró que la detención y prisión preventiva del demandante fueron ilegales y vulneraron las garantías procesales que protegían a los jueces del Tribunal Constitucional.
El Tribunal de alzada ratificó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de San Carlos, el martes 25 de mayo recién pasado, que mantuvo al recurrente recluido en el anexo penitenciario Capitán Yáber de Santiago.
La Corte consideró la pena del crimen asignada al delito para mantener la medida cautelar.
La recurrente solicitó sustituir la medida por arresto domiciliario total, según indica el artículo 155 letra a) del Código Procesal Penal.
El Tribunal señaló que «no existen antecedentes calificados que permitan sostener que la libertad del imputado constituya un peligro para la seguridad de la sociedad».
La sentencia determinó declarar improcedente el requerimiento de inaplicabilidad, acorde con los antecedentes allegados al proceso con posterioridad a su admisibilidad y conforme con los previsto en el artículo 84, inciso primero, N°5, de la LOCTC, ya que ambas disposiciones ya han recibido íntegra aplicación en el proceso de que se trata, agotando sus efectos.
El máximo Tribunal consideró que yerran los jueces recurridos al no abonar el tiempo que permaneció el amparado privado de libertad en un proceso previo, a la condena que actualmente está purgando.
