El establecimiento se expone a multas de más de $750 millones de pesos.
El procedimiento sancionatorio se inició tras constatar el incumplimiento por parte de la empresa titular del proyecto sobre las medidas relativas al patrimonio arqueológico existente en la zona.
Tras verificar que venta de parcelas en la comuna de Hijuelas no cuenta con el permiso ambiental respectivo, tratándose de un proyecto inmobiliario de desarrollo urbano que supera el umbral de 80 viviendas. Además, parcelación colinda con el Parque Nacional La Campana, ubicándose algunos lotes sobre esta área protegida, lo que estaría generando un riesgo de afectación para esta zona de altísimo valor ambiental.
El requirente alegó que el precepto impugnado permite aplicar sanciones desproporcionadas, desiguales y arbitrarias. El voto del Presidente no dirime el empate en requerimientos de inaplicabilidad.
Por consiguiente, la sanción queda vacía de contenido y sin fundamento jurídico que la legitime.
La acción impetrada no reúne los requisitos que permitan declarar su admisibilidad, toda vez que no resulta ser la vía idónea al efecto.
La actora convalidó durante todo el procedimiento la forma de notificación electrónica, por lo que no existió una falta de conocimiento de las comunicaciones emitidas por la recurrida.
La actora denuncia que el procedimiento administrativo sancionador se inició sin el debido emplazamiento, lo que le impidió presentar sus descargos y pruebas.
Al decretarse nuevas diligencias por la SMA en aquel proceso sancionatorio, debió fijarse un plazo para ello y otorgar audiencia al administrado, pues son exigencias que velan por el debido proceso.
Se acreditó que la notificación nunca fue practicada, por lo que resulta vencida la presunción simplemente legal del artículo 46 de la Ley 19.880, y en su lugar debe acudirse al principio de primacía de la realidad.
