El máximo Tribunal rechazó el recurso de apelación deducido por el Consejo de Defensa del Estado, tras establecer la obligación que imponen a Chile los tratados internacionales de proteger los derechos de mujeres y niñas en riesgo de sufrir, en sus países de origen, ablación o mutilación genital.

El Tribunal de Estrasburgo adujo que las jurisdicciones internas francesas no han evaluado los riesgos a los que el demandante se exponía en la hipótesis de que la medida de expulsión se hubiera ejecutado.

Aplica el “Principio de No Devolución”, que prohíbe al Estado expulsar o disponer cualquier medida que tenga por resultado la devolución del extranjero a su país de origen o a otro cualquiera luego de que se hubiere solicitado la condición de refugiado.

En Chile, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la cifra estimada de inmigrantes al 31 de diciembre de 2019, era de 1.492.522 personas, de los cuales 455.494 serían venezolanos, ocupando el primer lugar; seguido de personas provenientes de Perú con 235.165; y de ciudadanos haitianos con 185.805.

El máximo Tribunal español reconoce el estatuto de refugiado a cuatro ciudadanos sirios que fueron acogidos en España en 2015.

La Corte de Santiago señaló que, el proceder del recurrido importa una discriminación en contra de los recurrentes en relación con el trato dispensado a otros extranjeros.