Al adoptar este informe, el Parlamento responde a las expectativas de los ciudadanos de reforzar el papel de la UE a la hora de hacer frente a todas las formas de migración irregular y reforzar la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea, respetando al mismo tiempo los derechos humanos.

No corresponde que la autoridad niegue la entrega del formulario para solicitar la condición de refugiado ni que lo derive a la realización de otro procedimiento ante una autoridad diferente, por lo que su conducta no solo es ilegal sino también arbitraria, pues carece de razones y fundamentos.

Para que una sentencia del Tribunal de Justicia constituya una nueva circunstancia que justifique un reexamen completo, es necesario que dicha sentencia aumente significativamente la probabilidad de que el solicitante tenga derecho a ser beneficiario del estatuto de refugiado.

Teniendo en cuenta la naturaleza incierta del marco jurídico aplicable, y en particular el hecho de que la guardia costera aplicó reglas de enfrentamiento confidenciales y menos detalladas que la legislación pertinente en su lugar, el Estado demandado no cumplió con su obligación de establecer un marco legislativo adecuado que regule el uso de la fuerza potencialmente letal en el área de operaciones de vigilancia marítima.

El derecho a la reagrupación familiar no puede depender de la mayor o menor celeridad con la que se tramite la solicitud. Por consiguiente, no puede denegarse alegando que el refugiado ya no era menor de edad en la fecha en que se resuelve sobre dicha solicitud.

La Directiva 2011/95 debe interpretarse de conformidad con el Convenio de Estambul, que vincula a la Unión Europea y reconoce la violencia contra las mujeres como una forma de persecución. Además, podrán obtener el estatuto de refugiado si, por razón de su sexo, están expuestas en su país de origen a actos de violencia física o psíquica, incluidos actos de violencia sexual y violencia doméstica.

La interpretación errónea de las normas en juego por parte del Servicio provoca la masiva judicialización de este tipo de causas, según consta en los registros de ingreso de la Corte Suprema.

En la misma sesión, las y los diputados votaron parte del articulado del proyecto que modifica la normativa para la determinación de la calidad de refugiado.

El daño invocado debe resultar directamente de la supuesta ilegalidad y no de la elección del demandante sobre cómo reaccionar ante el acto supuestamente ilegal. Se ha considerado que el mero hecho de que la conducta ilícita constituya una condición necesaria (una condición sine qua non) para que surja el daño, en el sentido de que el daño no se habría producido en ausencia de tal conducta, no es suficiente para establecer una relación causal.

Habría disuadido a asilados y refugiados para que no presentaran solicitudes de trabajo debido a su estatus de ciudadanía, en violación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). Señaló falsamente que las leyes de control de exportaciones le impiden contratar a personas con este estatus.