La asociación demandante no interpuso un procedimiento contencioso administrativo ni alegó que tal recurso fuera inaccesible o ineficaz. Por lo tanto, incumplió la obligación establecida en el Convenio Europeo de utilizar primero todos los recursos disponibles a nivel nacional antes de llevar su caso ante este Tribunal.
La reparación integral es un derecho de rango constitucional, que tiene como finalidad resarcir los daños ocasionados a víctimas de infracciones penales, así como también de violaciones a los derechos humanos y constitucionales. La reparación integral hace referencia a los daños materiales o pecuniarios generados en perjuicio del patrimonio de la víctima, y a los daños de carácter inmaterial.
Se debe observar el principio pro persona, que favorece al procesado y a sus derechos cuando existe duda. Por ende, la sola lectura en audiencia de la sentencia penal no es una notificación válida. A efectos de generar seguridad jurídica y predictibilidad en casos futuros, la interpretación más favorable para los procesados es la que prescribe la notificación por cedula.
Corte Suprema confirmó el pago de indemnizaciones a la victima de un accidente de tránsito, al constatar que la demanda civil se tramitó conforme a las reglas de los artículos 62 y 263 del Código Procesal Penal.
