El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, el derecho a un racional y justo procedimiento, el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que permite que el acreedor genere unilateralmente y sin la intervención del demandado títulos ejecutivos respecto de obligaciones que no existen, adicionando, intereses desproporcionados.
La interpretación de un contrato excede con creces el ámbito de competencia de la magistratura en una acción de protección, máxime si existe un acuerdo para resolver las controversias del contrato en arbitraje.
Además, establece subsidios temporales en beneficio de los clientes más vulnerables, lo que permitirá pagar un alto porcentaje de las obligaciones contraídas, tanto por concepto de electricidad, como por servicios sanitarios.
