La sentencia ambiental centra su análisis en la controversia planteada por la empresa que acusaba un error en las notificaciones que la SMA realizó en el marco del procedimiento, lo que podría haber implicado la nulidad de la notificación de la formulación de cargos y las demás resoluciones del procedimiento.
Para dilucidar la controversia, el Tribunal no solo analizó todos los antecedentes presentados en la causa, sino que también ordenó la realización de un peritaje externo, para precisar el análisis de las metodologías utilizadas en el contexto de los cargos imputados a Metro. Lo anterior, le permitió concluir que la SMA configuró debidamente el primero de los cargos, pero no lo hizo en relación con el segundo.
La iniciativa que tuvo su primera discusión en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados, entrega un nuevo marco institucional que permita agilizar la toma de decisiones, fijar reglas claras y dar respuestas oportunas a los incumplimientos ambientales.
La detención del funcionamiento de dicho vertedero se hará efectiva por solicitud de la SMA.
Cabe recordar que esta causa tiene su origen en denuncias formuladas, el año 2017, por vecinos de la zona debido a la realización de una actividad sin haberse sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), las que fueron archivadas por la SMA.
La empresa arriesga una multa de hasta diez mil unidades tributarias anuales (UTA), equivalentes a más de $7.759 millones a valor actual.
Lo anterior, en el marco de nuevas medidas urgentes y transitorias (MUT) ordenadas contra el titular, Casablanca Transmisora de Energía, por la ejecución del proyecto “Nueva Línea 2×220 Nueva Alto Melipilla- Nueva Casablanca- La Pólvora- Agua Santa” que se emplazará en distintos puntos de las regiones Metropolitana y Valparaíso.
La Superintendencia del Medio Ambiente advirtió que, ante el aumento de temperatura, el objetivo es que se implementen todas las medidas comprometidas, a fin de evitar y controlar posibles efectos generados por malos olores.
“A juicio del Tribunal, la resolución reclamada adolece de vicios de legalidad, toda vez que se basa en un procedimiento administrativo viciado. Lo anterior, atendido que FLESAN recién tuvo conocimiento de la inspección y medición de ruidos casi dos años después de realizada, al ser notificada de la formulación de cargos, y cuando la faena de construcción había terminado”, concluye la sentencia.
La instrucción establece la forma en que los regulados deberán entregar la información necesaria para acreditar el cumplimiento de las metas de recolección y valorización.
En actividades de fiscalización se constató la superación de los decibeles permitidos por la norma de referencia para el horario diurno. El titular -Hotelera Mirador del Cerro Ltda.- arriesga una multa de hasta 5 mil UTA, equivalentes a más de $3.800 millones.
