TC declara inadmisible inaplicabilidad que impugna normas que prohíbe abandono del procedimiento en causa por nulidad del despido y limita apelación en procedimientos de cobranza laboral.

El Tribunal Constitucional declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, respecto de los artículos 472; 429, inciso primero, frase final; 162, inciso quinto, oración final, e incisos sexto, séptimo, octavo y noveno; todos, del Código del Trabajo.

La gestión incide en autos laborales seguidos ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, sobre apelación del incidente de abandono del procedimiento, de la Corte de Apelaciones de Santiago, en actual conocimiento de la Excma. Corte Suprema, por recurso de queja. En los que el Tribunal ha rechazado el incidente de abandono del procedimiento solicitado por la requirente, luego de 3 años sin realizarse una gestión útil en el procedimiento.

La requirente estima que los preceptos impugnados vulneran la seguridad jurídica, ya que se generan obligaciones para el empleador sin que se desarrolle trabajo o actividad laboral alguna, y que, en virtud de lo establecido en el artículo 429, aún si el actor no da seguimiento activo al procedimiento, por el mero transcurso del tiempo se sigue aumentando ilimitada e indefinidamente el monto de la obligación y la imposibilidad de la situación sea revisada por un tribunal superior en virtud del artículo 472. Esto, en consecuencia, genera una situación que a todas luces constituye un enriquecimiento sin causa y es contraria, a la seguridad jurídica. Enseguida, arguye que las disposiciones vulneran la igualdad ante la ley, ya que se mantiene vigente a través de una ficción y sin que exista base alguna de realidad, una relación laboral, en circunstancias que no se ha prestado servicio alguno, ni se ha desarrollado tarea alguna. Es decir, permiten que se demanden prestaciones sin que se haya realizado trabajo alguno. Al mismo tiempo, permiten que la tramitación de un procedimiento esté completamente paralizada por un lapso muy relevante, sin que se genere consecuencia alguna y, aún más, se admita su reanudación en cualquier momento, todo lo que deviene en una situación totalmente injusta. Luego, alega la infracción al debido proceso, en particular el derecho al recurso y al juzgamiento dentro de un plazo razonable y sin dilaciones; así como una vulneración al principio de proporcionalidad de las sanciones.