CS confirmó sentencia que desestimó reclamación judicial impetrada contra la Superintendencia de Educación.

La actora dedujo recurso de reclamación previsto en el artículo 85 de la Ley N°20.529, en contra de la Resolución Exenta que rechazó el recurso administrativo de reclamación, impugnó aquella que aprobó el procedimiento incoado en su contra y la sancionó con una multa de 5 UTM en razón de tres cargos, alegando que el procedimiento se excedió del término de dos años dispuesto en el artículo 86 de la norma, razón por la cual solicitó que la sanción fuese dejada sin efecto.

Al respecto, la Corte expone que el citado artículo 86 establece que la recurrida no puede aplicar ningún tipo de sanción luego de transcurridos seis meses desde la fecha en que hubiere terminado de cometerse el hecho -plazo que se suspende con el inicio de la investigación-, pero en ningún caso el proceso puede exceder de dos años.

En seguida, precisa que la caducidad es un concepto que posee diversos significados jurídicos, reconociéndose la caducidad de acción o pretensión, que se encuentra asociada al plazo para la presentación de un recurso o acción jurisdiccional; la caducidad de derechos subjetivos sustantivos vinculados a un plazo máximo para ejercerlos; la caducidad sanción, como un mecanismo que prevé el ordenamiento jurídico como sanción ante el incumplimiento de las obligaciones o condiciones esenciales impuestas a sus titulares; y la caducidad para ejercer una potestad administrativa, como un mecanismo de limitación de la actuación pública en el tiempo.